En toda comunidad se debe partir de la base que existen diversos actores, ya sea individuales o institucionales, del ámbito público y/o privado, que despliegan permanentemente una serie de acciones en pro de garantizar ciertas condiciones de vida que favorecen el bienestar colectivo. Estas redes pueden establecerse de manera informal o bien sobre la base de una organización establecida, co-responsable frente a una problemática determinada, es decir, red de carácter formal.
La promoción y protección de los derechos de niños y niñas es una responsabilidad de todos y todas quienes son parte de una comunidad, y en el caso de las instituciones del estado y del sector privado, es una obligación legal y moral.
En este escenario surge la pregunta de cómo lograr que representantes de la sociedad civil, del estado e instituciones de carácter privado, logren establecer vínculos que, sobre la base de objetivos comunes y experticias complementarias, generen confianza, se establezcan sobre la base de la libertad e igualdad de sus participantes y exista compromiso real, más allá de las buenas intenciones.
Desde la experiencia adquirida en el trabajo desarrollado por
La red de infancia debe recoger las propuestas de todos/as sus miembros y ser un espacio catalizador de las acciones que desde la política pública se han definido, la mayoría de las veces de manera focalizada y sectorizada. En términos simples, debe ser un espacio de sinergia de los esfuerzos emprendidos de forma individual por sus miembros o representantes. Así también, se favorece la sostenibilidad de las acciones propuestas.
De esta forma, aparece una tercera condición, en relación con el planteamiento de metas visibles y a corto plazo, no obstante existen metas y desafíos a largo plazo. Lo anterior, tendiente a favorecer la motivación de quienes forman parte de la red.
Por último, se debe mencionar como estrategia para el fortalecimiento y sostenibilidad de la red social de infancia, la oportunidad que ofrece a sus participantes de desarrollo profesional y personal, favoreciendo su percepción de competencia y autoeficacia respecto a las tareas encomendadas.
Lo que aquí se ha expuesto no pretende eximir de su responsabilidad a quienes son responsables directos del diseño e implementación de las políticas públicas. Es condición fundamental que se promueva la cultura del trabajo en red desde todos los ámbitos, salvaguardando que la participación de los actores convocados no esté condicionada por las exigencias y horarios provenientes de las instituciones, organizaciones o agrupaciones de las cuales provienen.
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